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Mercado de participaciones en nombres de dominio

Sin lugar a dudas, una de las maneras de acceder o incrementar posiciones en el mercado de los nombres de dominio -atendiendo a las elevadas cantidades por las que se están cotizando los mejores ejemplares-, es la de la coinversión, cualquier que sea la forma jurídica empleada o la participación que se adquiera. En Blog Dominios, por esto y a modo de ejemplo, apostamos por la creación a futuro de un fondo o empresa de inversión colectiva impulsada desde el ámbito hispano.

Precisamente, hace unas semanas conocimos Fusu.com, que pretende convertirse en un mercado secundario de compraventa de participaciones en nombres de dominio a modo de bolsa de valores.

Efectivamente, el funcionamiento pretendido de Fusu es similar al de la Bolsa: Un propietario de un nombre de dominio saca a la venta un máximo del 45% de la titularidad de un nombre de dominio (para reservarse el control sobre el mismo) y sus participaciones van transmitiéndose, en su caso, conforme actúe la oferta y demanda posterior. Ello, me imagino, atendiendo a las expectativas generadas en torno al ejemplar en cuestión.

La idea indudablemente es atractiva pero conviene hacerse varias preguntas y advertir diversos inconvenientes jurídicos.

Desde el punto de vista legal, históricamente se han desarrollado y regulado diferentes maneras de organizar estructuras de participación conjunta en bienes y derechos de toda índole. Por ello se han ido definiendo fórmulas como las sociedades anónimas y limitadas, Instituciones de Inversión Colectiva, comunidades de bienes, etc. Algunas incluso provenientes de la tradición jurídica heredada del derecho romano.

Retomando la idea de Fusu.com, ¿de qué manera se asegura la inversión en el nombre de dominio? Porque considero que definir, esclarecer y asegurar la fórmula jurídica de participación en los nombres de dominio adquiridos es fundamental para garantizar el éxito de iniciativas como esta, ya que dudo mucho que inversores de solvencia y en cantidades significativas, comiencen a participar en en estas plataformas, máxime si no existe la suficiente seguridad jurídica en las operaciones efectuadas.

Desde luego que no se trataría de inventar nada. Ya hemos referido que el mercado de valores funciona de una forma similar a la que se pretende para esta nueva iniciativa sectorial.

Es cierto que la Bolsa surgió ante la misma necesidad que hoy se tiene en el ámbito del domaining. Igualmente, quizá, de forma espontánea. Así, según dice la leyenda, la bolsa de valores surje en la Edad Media cuando se reunían los mercaderes para realizar sus transacciones frente a la casa de la familia flamenca Van der Borse en Brujas, en cuyo escudo aparecían, parece ser, tres bolsitas, de donde recibe su posterior denominación.

Pero resulta ingenuo pensar que sólo con implementar un sistema técnicamente viable enfocado al ámbito del domaining y con una superficial asimilación al mercado de la bolsa de valores, se resuelven los aspectos jurídicos indicados, ya que esta última (a diferencia de la primera) hoy ofrece una serie de mecanismos de garantía -con los mismos objetivos en las diferentes regulaciones nacionales- de índole legal y administrativa. Y que tienen por finalidad controlar y supervisar el proceso de intermediación e inversión, lo que los convierte – al menos teóricamente – en mercados organizados: existencia de Comisión Nacional del Mercado de Valores, existencia de medios de difusión de precios oficiales, de sistemas de anotación de operaciones y de intermediarios regulados; establecimiento de requisitos de transparencia y gobierno a las mercantiles cotizadas; adopción obligatoria de fórmulas jurídicas concretas, etc.

Por todo lo anterior, reiterar que la idea de Fusu es viable, pero conviene advertir que no se trata hoy de un mercado estructurado, tal y como convendría entenderlo desde el punto de vista de la necesaria seguridad jurídica.

Para iniciativas como la que nos ocupa, su mejor organización jurídica no es necesario inventarla, sólo adaptar, con particularidades, la regulación legal existente para mercados similares: valores mobiliarios, agrícolas, metales… Y esto debe resolverse prioritariamente si se pretende asegurar cualitativamente el futuro de plataformas como esta, mas allá del fenómeno buzz de sus primeros meses de existencia, y evitar innecesarias identificaciones del público en general con fórmulas de ahorro (relacionadas con sectores como el filatélico), no reguladas de forma estricta y que en España, lamentablemente, han dado mucho que hablar en los últimos años.

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